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Estado, sin voluntad política para resolver conflicto en Notimex

Ciudad de México, 2 de febrero de 2022

Por José Luis Simón/ENTREVISTA

La falta de solución a la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) evidencia que el Estado evita sentencias jurídicas laborales o no cuenta con voluntad política para resolver el conflicto, dijo el abogado laborista Víctor Fernando Romero Escalante.

La huelga en Notimex cumplirá dos años el próximo 21 de febrero, tiempo en el que el SutNotimex se ha apegado a la ley constitucional y laboral, por lo que 42 de sus integrantes ganaron demandas individuales con laudos para reinstalación. Ante la falta de solución, en noviembre de 2020 interpuso el recurso de Imputabilidad ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) sin que hasta al momento haya una resolución.

“Normalmente, cumplir una sentencia, y más si es de una institución pública, es básicamente una voluntad política“, aseguró el profesor en derecho laboral despedido de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por defender sus derechos como trabajador.

Explicó que se quiere aparentar que los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo son independientes, pero realmente el Estado es una unidad política y cuando no quiere generar una sentencia, la única forma de obligarlo es con la organización de los trabajadores y la lucha en las calles, donde se obtienen enormes conquistas.

Esa unidad política quedó exhibida con la alianza entre la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, y la Fiscalía General de la República en la demanda en contra de la secretaria general del SutNotimex, Adriana Urrea Torres, quien salió ilesa del supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público al no ser vinculada a proceso por falta de pruebas, en audiencia del pasado 15 de diciembre.

Romero Escalante abundó que cuando son puros recursos jurídicos, el Estado trata de evitar su cumplimiento, y como ejemplo está el caso del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, donde algunos trabajadores llevan laudos ganados desde 2016 y el patrón, que es el gobierno, no quiere cumplir.

El abogado Víctor Fernando Romero Escante reflexionó sobre la escasa voluntad política del Estado para resolver la huelga en Notimex

Quien es licenciado titulado en derecho laboral por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que, en sentido jurídico, el Estado queda como un violador de la ley y de los derechos humanos al no resolver la huelga en Notimex, así como otros conflictos, porque los trabajadores ya demostraron las anomalías de la directora Sanjuana Martínez.

Señaló que el Estado muestra su carácter propatronal, lo que quiere decir que el presidente de la República y demás funcionarios públicos presumen cumplir la ley y defender los derechos humanos; no obstante, la falta de solución exhibe que eso es falso, es mera pantalla, porque en el fondo lo que a ellos les importa es impulsar la precarización laboral.

Ante lo dicho por el presidente en el sentido que el gobierno debe proteger a los trabajadores, sostuvo que el discurso de López Obrador es contradictorio, porque en el caso del SutNotimex, que ya evidenció todas las pruebas a su favor, se puso abiertamente y sin tapujos del lado de Martínez Montemayor.

Por otro lado, expuso que en las escuelas para el bienestar Benito Juárez se ha denunciado y comprobado que los profesores no tienen ningún derecho laboral; ni son reconocidos como trabajadores en términos de la ley, porque se les da el calificativo de becario o beneficiario.

Es más, en México, el principal usuario de outsourcing (contratación externa y temporal de personal) es el propio Estado, apuntó el candidato a doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, relacionado en derechos humanos.

Analizó que cuando López Obrador dijo oponerse al outsourcing y luego se dio cuenta que el Estado es el que hace la mayor contratación de ese servicio sólo hizo regulaciones para que las empresas paguen impuestos, pero no para garantizar derechos laborales.

A López Obrador no le importa garantizar derechos laborales; en el caso de los trabajadores, le interesa ahorrarse todo el dinero que pueda, vía precarización o despidos, para financiar sus megaproyectos, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o sus proyectos de corte asistencialista, como las becas”, aseveró el entrevistado.

Hay un problema más allá de las becas, abundó Víctor Romero, porque cuando esos jóvenes salen al campo laboral no encuentran trabajos dignos, sólo hallan puros trabajos precarios que no les garantizan ningún futuro, ni jubilación, ni servicio médico, ni vivienda.

También opinó que al presidente no le agradan los sindicatos que están fuera de su control, porque la reforma de 2019 fue cantada como una reforma que democratizaba la vida sindical, que rompía la corporativización que se heredó del priismo, pero en su sentido jurídico lo que hizo fue permitir la creación de muchos sindicatos pequeños.

Finalmente, consideró que eso no significó democracia, sino fragmentación de los trabajadores en muchos sindicatos; lo que hizo el presidente fue juntar a todos los sindicatos pequeños en las nuevas centrales sindicales que están bajo control directo de su gobierno.

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